Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.
La baja impositiva más importante del país en 2026 se anunció en Misiones, con la eliminación del pago anticipado de Ingresos Brutos en los controles de acceso a la provincia, mal llamada durante años “aduana paralela”. En otras palabras, se bajan los impuestos, manteniendo un estado activo en rutas, escuelas y hospitales. Pero su efecto más profundo es político: durante años ese esquema fue utilizado como chivo expiatorio por la oposición, sin contemplar el impacto de las políticas nacionales en la caída del consumo, entre otras cosas. Con este cambio, el debate se reordena y la responsabilidad pasa a la Nación, donde se definen impuestos clave como el IVA y Ganancias, dejando en claro que el principal problema no está en la política tributaria local, sino en la nacional.
“El poder está en la gente”, una frase que, desde 2003 guía a Misiones en la construcción de su propio rumbo, vuelve a cobrar fuerza en un contexto nacional adverso que pone a prueba a gobiernos y sociedades. En medio de una fuerte recesión nacional, con caída del consumo y la actividad, la provincia sostiene un modelo propio impulsado por el Frente Encuentro Misionero, basado en orden fiscal, gestión austera y decisiones que priorizan el diálogo. En este escenario, las medidas económicas forman parte de una estrategia de continuidad para sostener la actividad en tiempos críticos.
En ese sentido, la eliminación del pago a cuenta alcanza al 95% de los contribuyentes, unas 16.500 pymes, y desactiva uno de los principales argumentos históricos sobre la presión fiscal provincial. Si aun con menor carga impositiva la economía no se reactiva de manera inmediata, el diagnóstico deja de centrarse en lo tributario local y se traslada hacia factores más profundos: la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la contracción del crédito en el marco de la recesión nacional.
Ese desplazamiento es clave porque cambia la forma de interpretar la crisis. La discusión deja de girar en torno a una herramienta puntual y pasa a enfocarse en condiciones macroeconómicas que exceden a la provincia. En términos políticos, eso también reordena responsabilidades y obliga a revisar explicaciones que durante años dominaron el debate público.
En paralelo, la medida se integra a una estrategia económica más amplia que busca sostener el consumo interno. Los programas “Ahora” siguen siendo el eje de esa política: el “Ahora Chacra” reintegra el 20% en insumos productivos con topes de hasta $500.000; el “Ahora Verdulería” reduce en un 25% el precio de alimentos esenciales; y el “Ahora Sepelios”, junto con beneficios para viajes estudiantiles, extiende la lógica de contención a consumos sensibles. En este último caso, incluso cuando algunos legisladores nacionales de la oposición intentaron desmerecerlo, para muchas familias representa una ayuda concreta en momentos de fuerte dificultad económica.
A esto se suma una política activa de financiamiento productivo. Las líneas de crédito con tasas subsidiadas del Banco Macro, el fortalecimiento del Fondo de Crédito de Misiones, el apoyo del CFI y los esquemas de garantías para pymes conforman un volumen cercano a los $5.500 millones destinados a inversión y capital de trabajo.
La obra pública acompaña esa estrategia como herramienta anticíclica. Intervenciones en la Ruta Nacional 14 ante la falta de ejecución nacional, mejoras en las rutas 17 y 205, y obras de conectividad productiva refuerzan la infraestructura como soporte de la actividad económica. En paralelo, inversiones en energía, agua potable y saneamiento sostienen condiciones básicas para el desarrollo.
En el plano social, la intervención estatal también se mantiene activa: nuevos hospitales, modernización del sistema de salud, incorporación de tecnología de alta complejidad, meta de mil cirugías oftalmológicas anuales, aumentos a jubilados provinciales y políticas de contención para adultos mayores. El Estado no se retrae, sino que reorganiza sus prioridades.
Cuando el gobernador plantea que la Nación no envía recursos, sino que devuelve lo que corresponde, no formula una consigna aislada. Describe una relación fiscal desigual que condiciona el desarrollo provincial y obliga a redoblar esfuerzos internos. En un contexto donde el Estado nacional reduce su presencia, esa asimetría se vuelve aún más visible.
Sin embargo, lejos de adoptar una postura confrontativa, el oficialismo provincial reafirma su identidad en la llamada “cultura del encuentro”. No es solo un concepto discursivo: es una forma de hacer política basada en el diálogo, la cercanía y la presencia territorial. Frente a modelos que promueven el individualismo o la confrontación permanente, Misiones insiste en una construcción colectiva.
Esa construcción tiene resultados concretos. Los indicadores económicos muestran que, aun en un escenario recesivo, la provincia sostiene niveles de actividad superiores al promedio regional. Crece el número de empresas, se mantiene el empleo privado y el consumo, aunque golpeado, encuentra mecanismos de contención.
En ese contexto, la eliminación de la “aduana paralela” no debe leerse como un gesto aislado, sino como parte de una estrategia integral. Un movimiento que combina audacia para revisar herramientas históricas y prudencia para sostener el equilibrio fiscal, en medio de una crisis cuyo origen no es provincial, pero cuyos efectos impactan de lleno en el territorio.
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